Duración de los derechos de autor según la legislación española

Hay una serie de temas que todos los años me veo en la tesitura de tener que comentarlos con algún colega escritor o editor, y casi siempre las dudas surgen en torno a las mismas cuestiones. Es por ello que me he animado a escribir esta entrada (y posiblemente alguna que otra posterior), de modo que cuando vuelva a surgir el tema pueda limitarme a remitir al interesado a la misma (y ya de paso, aquí queda, para consulta de quien lo desee).

En particular, quería abordar la cuestión de los derechos de autor, y exponer más específicamente la duración de los mismos, que es lo que determina cuándo una obra determinada entra en dominio público, asunto en el que suelen producirse malentendidos.

Antes de proseguir, sin embargo, quisiera establecer la distinción entre los derechos morales y los derechos patrimoniales., pues su gestión difiere en un punto fundamental. Los primeros son inalienables e irrenunciables, es decir, no pueden transmitirse mediante contrato, sino solo pueden ser heredados, a la muerte del autor, por la persona natural o jurídica que este haya dispuesto en su última voluntad (o, en su defecto, de acuerdo con las leyes de herencia, hasta llegar en última instancia al estado).

Los derechos morales incluyen el reconocimiento de autoría, el respeto a la integridad de la obra (que bajo ninguna circunstancia podrá ser modificada de forma tal que atente contra los intereses legítimos del autor o su reputación), decidir si la obra será divulgada y cómo, si ha de hacerse bajo su nombre, pseudónimo o de forma anónima, modificar la obra, retirarla del mercado ante un cambio de convicciones (previa indemnización, si se terciara, a quienes detentaran en ese momento derechos patrimoniales) y derecho al acceso a la obra única o rara para asegurar el resto de derechos.

De todos ellos, los dos primeros presentan además la particularidad de no estar sujetos a ningún límite temporal. Es decir, por la mera creación, el autor no podrá ser privado nunca de la atribución, ni tampoco podrán atribuírsele versiones modificadas de su obra. Al resto, se le aplican los mismos plazos que para los derechos patrimoniales o de explotación (que son los que nos atañen en estos momentos).

En España, los derechos de autor vienen regulados por el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, que aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Respecto a la duración de los derechos patrimoniales, en su título III, capítulo I, artículo 26, indica:

Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

Ahora bien, a efectos prácticos, el plazo tras la muerte es de ochenta años, aplicables a cualquier autor fallecido antes del 7 de diciembre de 1987, que es cuando entró en vigor la antigua ley de Propiedad Intelectual, que entre otras cuestiones ponía en consonancia nuestra legislación con las disposiciones europeas. Hasta ese momento, la cuestión se regía por la ley de 10 de enero de 1879 de propiedad intelectual, que determinaba un plazo máximo de ochenta años, de ahí que se mantengan esos derechos adquiridos.

Hasta aquí, en general, no hay demasiadas dudas. Comentaré, eso sí, un par de detalles que no siempre están claros:

  • Este plazo implica una protección hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cumplen los ochenta años (porque no siempre se podía asegurar con certeza cuándo se había producido el fallecimiento). Es decir, no importa en qué día se haya certificado la muerte, todos los fallecidos en 1938, por ejemplo, no entran en dominio público hasta el uno de enero de 1939.
  • La traducción, y cualquier otra modificación autorizada, genera sus propios derechos para el autor de la misma. Es decir, el que una obra esté en dominio público no implica necesariamente que una traducción específica de la misma también lo esté. A esta última se le debe aplicar igualmente el plazo de setenta (ochenta) años desde el fallecimiento del traductor, que es considerado a tal efecto autor, con los mismos derechos recogidos en la ley.
  • En el caso de autorías múltiples, el plazo de los setenta (ochenta) años se computa a partir del fallecimiento del último de los autores.

El lío de verdad llega cuando empezamos a considerar la protección en España de obras de autor extranjero, sobre todo por la reiterada publicación de listas anuales de autores supuestamente en dominio público que se limitan a copiar las aparecidas en otros países… porque aquí debemos aplicar igualmente los ochenta años a todo autor fallecido antes del 7 de diciembre de 1987, independimente de que en su país de origen haya entrado, de acuerdo con su propia legislación, en el dominio público.

Voy a repetirlo: la protección en España para autores extranjeros, independientemente de su país de procededencia (bueno, casi independientemente, hay un puñado de excepciones, pero no son significativas), es exactamente la misma que aquella de la que gozan los nacionales en virtud de la LPI, y eso es así por la adscripción por parte del estado español a los convenios internacionales, y en particular al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

A grandes rasgos, este convenio tiene tres puntos:

  • Las obras literarias y artísticas de autores de los países de la Unión, o publicadas por primera vez en uno de dichos países, recibirán en cada uno de los demás estados contratantes la misma protección que estos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos.
  • Esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna.
  • Esa protección es independiente de la existencia de una protección correspondiente en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la convención, y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada una vez que cese la protección en el país de origen.

El tercero es el de la discordia, porque la LPI no contempla la disposición que permitiría, ajustándonos por completo a la legalidad internacional, retirar la protección extra de que gozan en España los (herederos de los) autores extranjeros cuya obra ya está en dominio público en su propio país de procedencia (el porqué no lo hace ya sería una cuestión que cabría elevar ante nuestros ilustres legisladores para que nos la expliquen).

Los 176 países adscritos al Convenio de Berna a julio de 2018

No solo es España uno de los estados firmantes, sino también uno de los consignatarios originales, habiendo entrado en vigor el acuerdo el 5 de diciembre de 1887.

Es decir, lo de aplicar los ochenta años a los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 no se hace en función de una normativa comunitaria, para equiparar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea (que también), sino en cumplimiento de un tratado más amplio, que deja fuera tan solo a un puñado de estados (Irán, Irak, Afganistán, Turmequistán, Birmania, Laos, Camboya, Eritrea, Etiopía, Somalia, Uganda, Angola, Mozambique, Paúa Nueva Guinea y Taiwan)… e incluso en estos casos podría haber tratados bilaterales o multilaterales que dispusieran lo mismo.

Analicemos, por ejemplo, el caso de los EE.UU. Como suele ser habitual, los Estados Unidos de América fueron uno de los últimos países occidentales en dar su brazo a torcer y pasar por el aro (el Convenio de Berna entró en vigor para ellos el 1 de marzo de 1989, aunque previamente habían tratados bilaterales con los principales mercados, incluyendo, por supuesto, el español). Esto forzó una cambio legislativo interno, pues hasta entonces la ley estadounidense de propiedad intelectual exigía la renovación activa de la protección cada cierto tiempo. Sus propias disposiciones legislativas determinan que aquellas obras que ya habían entrado en dominio público en función de la legislación precedente no volvían a encontrarse protegidas, de modo que es posible encontrar obras en dominio público en el caso de autores que no llevan setenta años fallecidos, mientras que otras sí lo estarán, es una situación un tanto caótica… que no nos afecta en los más mínimo.

Según el Convenio de Berna, debemos considerar a efectos legales a todos los autores de los países signatarios como sujetos a los mismos derechos que los nacionales, es decir, que el asunto se rige bajo las disposiciones de la LPI que, os recuerdo, no tiene el detalle de considerar el estado de protección del autor en su país de origen. Así que, la próxima vez que veáis una de esas listas de autores que entran en dominio público, fijaos en la fecha de la muerte. Si no han transcurrido ochenta años, es un corta pega de noticias foráneas por parte de periodistas que no se han tomado la molestia de revisar la legislación española.

Por si os lo estabais preguntando, sí, el Convenio exige reciprocidad, así que los autores españoles están protegidos en casi todo el mundo, disfrutando de los mismos derechos que los nacionales (lo cual no implica en general ochenta años, siendo el mínimo exigido por el Convenio de Berna cincuenta años tras la muerte y la duración característica de los principales mercados setenta años).

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~ por Sergio en julio 9, 2018.

2 comentarios to “Duración de los derechos de autor según la legislación española”

  1. En cualquier caso, una vergüenza. Los derechos de explotación deberían caducar con la muerte del autor, y si me apuran, hasta daría veinte años más a los herederos (por aquello de los hijos menores o personas en situación de dependencia) Se suele aducir que es un patrimonio que deja el autor a los herederos, como un terrenito o una casa, pero en el caso de los bienes tangibles precisan de gestión continua para que sean rentables, es decir, hay que trabajárselos, y el dinero es lo que es, igualmente si no se gestiona, se gasta y se acaba. Sin embargo, los derechos de autor son una lluvia de dinero que les cae a los herederos sin esfuerzo alguno.

    • Hombre, como autor no puedo estar de acuerdo con esa visión. Es verdad que habría cosas que mejorar, sobre todo porque la legislación se ha redactado pensando en los editores, no en los autores, pero todo el patrimonio de un escritor es intangible, y aquí o jugamos todos con las mismas reglas (es decir, tabula rasa tras la muerte y que cada cual empiece de cero) o hay que reconocer la posibilidad de transmitir los derechos patrimoniales (que, lejos de ser una lluvia de dinero, suponen las más de las veces un goteo ridículo, exactamente igual que en vida). Si la obra del autor sigue generando beneficios después de muerto, ¿por qué deberían poder sacar de ahí todos menos sus herederos? Ten en cuenta, además, que la parte del autor del coste de un libro suele rondar el 10%. No creo que sea precisamente eso lo que está frenando la difusión de la cultura.

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